Reforman ingreso a la Universidad
Diario El Norte
Gobernar significa asumir compromisos con el desarrollo del país y esta responsabilidad exige que el mandatario deba tener planes de acción que sean verdaderas iniciativas innovadoras, sustentadas, coherentes y sobre todo útiles para superar los grandes problemas nacionales. Pero cuando las decisiones se toman pensando más en el golpe de efecto coyuntural que en una solución real de los mismos, sucede lo que ahora pasa con las políticas públicas para la educación superior.
El país afronta una realidad difícil y al mismo tiempo compleja que se arrastra desde varios años. La penosa situación crece y en ella ya están más de 500.000 jóvenes. Una suerte de inacción, abandono, o como se quiera llamar a esta falta de voluntad política para resolver la evidente inequidad académica les ha transformado en “ninis”; es decir, en ecuatorianos que ni estudian ni trabajan.
Cada semestre casi 100 mil jóvenes se quedan excluidos de ingresar a la universidad. En una de las últimas convocatorias, Ribadeneira (2022) ex titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), puntualizó que “93.000 aspirantes se quedarán sin estudiar” y detalló que “para la primera postulación de este año hubo 215.000 estudiantes que buscaban uno de los 122.000 cupos que se ofertaron”. En otras palabras, la universidad ecuatoriana no da abasto a la demanda de cupos existente.
Como solución el gobierno decidió eliminar la Prueba Transformar-Acceso a la Educación Superior SENESCYT, disposición que tendrá vigencia a partir del año 2023, cuyo texto está contenido en el Decreto Ejecutivo 494 expedido el 14 de julio de 2022, con el que se reforma el Reglamento General de la LOES. Con esta reforma la universidad privada está de plácemes porque para ellos se amplía el giro del negocio; en cambio el panorama de la educación superior pública es diametralmente distinto. A juicio de Orquera (2022) “La medida, que se produce luego de un recorte de 77 millones de dólares a las universidades y escuelas politécnicas en el presupuesto actual respecto al que tenían el año anterior, no constituye una opción de libre ingreso, sino que desplaza las responsabilidades del Estado central a las instituciones educativas”.
El régimen actúa como si tuviera “una papa caliente” y acorralado como está, inclusive frente a sus promesas electorales de eliminar la SENESCYT, cree que quizá lo más fácil sea pasar el problema a las instituciones educativas. Esta es otra política del modelo neoliberal que el gobierno se afana en imponer, cuyo dogma consiste en reducir las responsabilidades sociales que tiene el Estado. El problema no es eliminar el examen, porque esa prueba no es un fin en sí.
Es necesario recordar que el Art. 26 de la Constitución (2008) determina que “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”. Es un mandato jurídico, social y ético que tenemos que cumplir. Por ello, la tarea es colectiva, incluye a estudiantes, profesores, directivos, trabajadores, Estado y comunidad para juntos desarrollar con pertinencia científica la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad.
La Carta Magna en el Art. 356 determina que “La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la educación particular”. Esto significa que es responsabilidad del Estado la existencia, funcionamiento, regulaciones y rectoría del sistema general de nivelación y admisión. Sin el concurso del Estado no será posible que de verdad se concrete en los jóvenes aspirantes la igualdad de oportunidades y la gratuidad no solo en el acceso sino también en la permanencia (tiempo que duran los estudios) hasta llegar a los procesos de graduación en el tercer nivel.
En conexión con lo referido el Art. 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2018) especifica que “El ingreso a las instituciones de educación superior públicas se regula a través del Sistema de Nivelación y Admisión, para todos los y las aspirantes. El sistema se rige por los principios de méritos, igualdad de oportunidades y libertad de elección de carrera o carreras e institución … adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de las y los titulares de derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad o vulnerabilidad … tomará en cuenta la evaluación de las capacidades y competencias de los postulantes, los antecedentes académicos, la condición socioeconómica y otros aspectos de política de acción afirmativa. Las y los aspirantes que obtengan los mejores puntajes accederán a la carrera de su elección en función de la oferta disponible en las instituciones de educación superior”.
Como se denota el problema no es la eliminación de la Prueba Transformar. El problema de fondo es cómo el Estado eleva la capacidad instalada de la educación superior pública para organizar tanto el acceso, cuanto los procesos sustantivos que tiene que realizar la Academia, en especial la universidad del sector público. Sólo así se podrá acoger a miles jóvenes en edad y en condiciones para estudiar.
Para hacer posible se requiere que la universidad pública mantenga capacidades científicas y de pensamiento crítico, que consolide el aseguramiento de la calidad para que logre ser socialmente pertinente; pero, como contraparte se necesita que el Estado realice significativas inversiones de recursos financieros. De esta manera sí se podrá contribuir en la formación de ciudadanos ecuatorianos con capacidades críticas, futuros profesionales competentes que, teniendo herramientas para construir nuevos conocimientos, estén en disposición para mejorar la propia universidad y puedan aportar en las transformaciones que requiere el país.
Si los cambios se quedan en el papel y no vienen acompañados de los compromisos financieros indispensables para que las universidades públicas incrementen su talento humano, la infraestructura física, el equipamiento, la tecnología necesaria, y operen todo el proceso formativo, incluido el acceso a sus aulas; entonces, el tema de cupos y oportunidades para la juventud habrá fracasado otra vez.
Una clave para afrontar los problemas actuales es que la autonomía de la universidad se ejerza para garantizar los derechos de los estudiantes y de la comunidad universitaria. Hoy la universidad pública requiere democratizar su funcionamiento, volver a crear espacios necesarios para sustentar el pensamiento crítico y el debate por las ideas de cara a construir su desarrollo. Solo la apertura a la democracia real hará posible vivir la autonomía y buscar la construcción de una verdadera responsabilidad social para cambiar la universidad desde adentro.
Es indispensable superar el modelo funcional al mercado globalizado y de ranking de publicaciones impuesto por el capitalismo académico. Abandonar el modelo privado de gestión universitaria que designa autoridades de la línea media; que en su lugar los mejores cuadros con formación científica y sobre todo con propuesta académica se postulen como candidatos a decanos, subdecanos, directores de carrera y programas para que defiendan sus tesis. Que el rigor de la democracia y la transparencia elija a los mejores y a quienes estén dispuestos a luchar por sus ideales para asumir los retos que tiene la universidad pública actual.
La frase destacada:
Si los cambios se quedan en el papel y no vienen acompañados de los compromisos financieros indispensables para que las universidades públicas incrementen su talento humano, la infraestructura física, el equipamiento, la tecnología necesaria, y operen todo el proceso formativo, incluido el acceso a sus aulas; entonces, el tema de cupos y oportunidades para la juventud habrá fracasado otra vez
Sobre el Autor Marcelo Almeida Pástor:
Ph.D en Ciencias de la Educación (Universidad de La Habana-Cuba), Magíster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa y Diplomado Superior en Planificación Estratégica (Universidad Nacional de Loja); Especialista en Educación para el Desarrollo Sustentable (Universidad Técnica del Norte); ex Profesor de Posgrado en: Universidad Tecnológica Indoamérica, Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ambato y Esmeraldas; Profesor y Coordinador de la Maestría de Pedagogía mención Currículo (presencial y En Línea) Universidad Técnica del Norte; Socio Fundador, ex Secretario Pro tempore de la Escuela de Pensamiento Social Imbabura; Coordinador del Comité Editorial Página Pido la Palabra
