Del individualismo a la construcción de territorios con enfoque de derechos

Diario El Norte

Hace pocos meses, se llenaron las redes sociales con mensajes de rechazo a una obra que se iba a realizar en la avenida El Retorno en el sector de los Ceibos en la ciudad de Ibarra. Era impresionante cómo opinaron una gran variedad de personas, incluidos los sectores políticos, los vecinos del sector, empresarios y ciudadanía en general; unos a favor y otros en contra de la obra, en el fondo se sintió un enfrentamiento entre bandos políticos que buscan participar en las próximas elecciones seccionales.

Entre las opiniones más utilizadas que se expresaron estuvieron: “la obra viola los derechos de la ciudadanía”, algunos moradores del sector afirmaban “nunca les consultaron”, otros “anhelaban el mejoramiento del sector” ya que según sus criterios “con esto se iba a incrementar plusvalía a sus propiedades”, otros “que existía sobre precio”. Increíblemente esto generó demasiada incertidumbre y un precedente sui generis para el verdadero desarrollo de una ciudad que es la capital de la región norte del país.

La situación me llevó a reflexionar, si el mundo de la política es considerado o no como una expresión de relacionamiento entre seres humanos que se unen entre sí para alcanzar objetivos comunes en beneficio de la colectividad. ¿Será posible pensar que Ibarra pueda ser una ciudad a la que todos tenemos derecho y no solo de beneficio para un grupo de personas?

La inversión pública desde el año 2017 ha decaído tanto que casi no se la ve, hay que precisar que esta ausencia de inversión es tanto del gobierno central cuanto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La reducción es de tal magnitud que se siente en todo el país; en los años 2013 o 2014, la inversión pública era de USD $ 12.000 millones anuales y desde el 2018 casi no se llega ni a USD 600 millones incluyendo el año 2021. Los planes plurianuales de inversión del 2012 al 2017 eran de 70.000 millones de dólares, mientras que ahora con el actual gobierno los montos de inversión son de 12.000 millones. Esto genera una fuerte caída de la economía en especial de la clase media y pobre del Ecuador.

Se hace alusión a las inversiones públicas porque parece ser que hemos olvidado que la planificación territorial tiene un impacto directo en la vida de los ecuatorianos; en este caso concreto en la economía de la población del cantón Ibarra y también ello incide en toda la provincia y la región.

En las redes sociales nadie habló de “la ciudad que queremos”, de un propósito común para tener una mejor ciudad, aspecto que justamente no es lo que quieren las personas como individuos, sino más bien debe ser un anhelo perseguido por todos. Nadie habló que los procesos de planificación siempre van más allá de posibles intereses individuales y que solamente con una planificación territorial adecuada podemos visualizar una ciudad en la que todos podamos convivir bien, con seguridad, con oportunidades, en paz y con optimismo.

La falta de inversión pública, la pandemia, la violencia en las ciudades y la inseguridad han afectado profundamente en la estructura productiva del país; frente a esta situación ni el gobierno central ni los gobiernos autónomos descentralizados han planteado o han tomado medidas para mejorar o incentivar las escuálidas economías de los pequeños y medianos negocios.

Si el Ecuador necesita inversión, será muy difícil que esa inversión venga del sector externo o del sector privado debido a una contracción de la demanda y de la oferta. Tenemos indicadores sociales aterradores, donde el 68 % de las personas no gozan de un empleo pleno, es decir, viven en la incertidumbre e informalidad de que hoy puedo tener trabajo y que mañana tal vez no. Sin dinero y con una inflación del 3.8 % lo cual es espantoso en una economía dolarizada, a esto se suman los últimos datos del INEC que afirman que un millón doscientos mil ecuatorianos viven bajo la línea de pobreza.

Frente a esta realidad y a los escasos recursos en general, solo queda aplicar un sistema de panificación territorial que nos permita salir adelante con nuestras propias posibilidades. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la planificación territorial?, veamos qué es lo que dicen las políticas públicas.

La Planificación en el Ecuador se sustenta en los preceptos y roles definidos en la Constitución (2008) que la define como un instrumento del Estado para impulsar un Nuevo Modelo de Desarrollo y el cambio social; con estos conceptos, se afirma, que se puede construir un nuevo paradigma del desarrollo que esté orientado hacia el “Buen Vivir”.

Desde esta perspectiva, la relación entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados debe permitir la construcción de un Estado basado en los Territorios, cuyos desafíos más grandes requieren ser “(i) la territorialización de la política pública para reducir brechas de inequidad y satisfacer las necesidades básicas de los territorios y su población. (ii) La planificación y el ordenamiento territorial, (iii) el reconocimiento y la actualización de las dinámicas regionales que aporten a la concreción de un nuevo modelo de acumulación y (re) distribución para el Buen Vivir; (iv) el reconocimiento y fortalecimiento del Estado Plurinacional e intercultural; y, (v) el diseño de una nueva estructura administrativa que articule la gestión de las intervenciones públicas en todos los niveles de gobierno y que reafirme el rol (re) distributivo del Estado, siguiendo la diferenciación complementaria de competencias” Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2012).

Si se quiere reducir la conflictividad en los territorios y generar un gran impacto en los frentes de desarrollo con las inversiones públicas, debemos estar claros de cuáles son los lineamientos de la planificación territorial. Según el documento de Lineamientos para la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial publicado por SENPLADES y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que es un organismo de Naciones Unidades, se manifiesta que existen 5 lineamientos: 1. Reducción de inequidades y satisfacción de necesidades básicas a través de una estrategia de desarrollo endógeno y de un ordenamiento territorial equilibrado; 2. Coordinación y gestión transectorial (Coordinación horizontal) entre ministerios; 3. Articulación intergubernamental (entre niveles de gobierno); 4. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo; 5. Fomento de la planificación participativa, la rendición de cuentas y el control social en los procesos de planificación y de ordenamiento territorial, que reconozca la diversidad de identidades.

Estamos seguros que los candidatos que buscan llegar a ocupar un espacio en las administraciones de los gobiernos autónomos descentralizados, deben tener claro estos procesos de planificación para que sus propuestas sean coherentes, no solo con lo que establece la Constitución sino también con los anhelos de los ciudadanos. Pensar en la inversión pública no es pensar en votos, sino en lo que los ciudadanos han establecido en los procesos participativos de planificación y que las autoridades elegidas están para que se cumpla; no para garantizar reelecciones o ganancias electorales. Es más correcto tener una buena administración que trabaje con eficiencia y eficacia, que pretender utilizar los fondos públicos para garantizar una determinada tendencia electoral.

La pobreza es como un enfermo que se encuentra en terapia intensiva y que demanda de los mejores funcionarios, de los mejores especialistas para salvarle la vida, para que de verdad se recupere. Pensemos en que la calidad de la inversión pública debe estar basada en derechos (participación, consulta, análisis de alternativas, efectos e impactos) y acorde a la realidad de cada uno de los territorios, en donde se respete a la naturaleza y se garantice un nivel de vida más digno para las futuras generaciones.

La frase destacada:

Pensar en la inversión pública no es pensar en votos, sino en lo que los ciudadanos han establecido en los procesos participativos de planificación y que las autoridades elegidas están para que se cumpla.

Sobre el Autor Iván Zambrano Yalamá:

Master en políticas públicas de la FLACSO-Ecuador, especialista de proyectos en el Instituto Tecnológico Superior de Monterey-México, Especialista de proyectos de inversión pública en la CEPAL-Santiago de Chile. Economista de profesión. Profesor de posgrado en varias universidades, ha realizado investigaciones con universidades como FLACSO, Andina “Simón Bolívar”, Universidad Técnica del Norte. Ex Director de inversiones públicas en SENPLADES, Director de Planificación en la Secretaria de Plan Ecuador, ex Coordinador Regional del MIPRO, ex Coordinador de planificación de la Asamblea Nacional.