Inseguridad, corrupción y muerte
Diario El Norte
El feminicidio de María Belén Bernal que despertó la indignación del pueblo ecuatoriano y las consiguientes acciones de apoyo y solidaridad con todas las mujeres víctimas de violencia espantosa como esta, ha profundizado el temor y la desconfianza de la ciudadanía con relación a la institución policial y al sistema judicial. Ha sido tan impactante, por el involucramiento de poderosas instituciones, que la opinión pública exige que tal hecho criminal sea considerado como “crimen de Estado”.
Sin embargo, pese a la gravedad de la situación, el presidente Lasso, con la destitución del Ministro del Interior, el cambio de la cúpula de la Policía Nacional y la propuesta de demoler edificios públicos pretende desviar la atención ciudadana.
Las circunstancias que rodearon el feminicidio de la abogada Belén Bernal, perpetrado en las instalaciones de la Escuela de Policía Alberto Enríquez Gallo presuntamente por el prófugo German Cáceres, instructor y responsable de la formación del personal y de la seguridad ciudadana ponen en evidencia que el hecho no es aislado, que no es un asunto atribuible exclusivamente al instructor de la institución. Por el contrario, es un problema estructural originado en un sistema patriarcal machista, producto del modelo jerárquico del sistema policial, que perpetúa privilegios, abusos, miedo, reiterada violación de la normativa y procedimientos internos en los diferentes niveles de mando. Esta situación reproduce las actividades académicas en la formación de los aspirantes a formar parte de la Policía Nacional, lo cual explica la ausencia de ética y compromiso social e institucional de muchos miembros policiales, cuando se trata de manejar, por ejemplo, la crisis carcelaria, combatir la delincuencia y perseguir al narcotráfico; pero de manera lamentable -en algunos casos- de este ilícito sistema se han visto involucrados efectivos de dicha institución.
Fuerza es preguntarse, ¿aprenden oficiales y cadetes que deben garantizar el cumplimiento de nuestros derechos, y que son parte de las redes de prevención y atención de los casos de violencia contra las mujeres, niñas/os y adolescentes? ¿Cómo se explica el silencio cómplice en sus instalaciones cuando pedía auxilio una mujer que estaba siendo golpeada y posteriormente asesinada por su pareja? Nadie intervino porque consideraron que era “un simple problema de pareja”. ¿Es que realmente no hay ni el conocimiento, ni la sensibilidad para actuar en estos casos? ¿No se comprenden las causas, características y ciclos de la violencia, ni existe sensibilidad suficiente para identificar y actuar cuándo una mujer es vulnerable y se encuentra en riesgo de ser asesinada por un agresor que considera a su víctima “un objeto” de control y dominación como en este caso? ¿Tampoco se comprende que, el alcohol y otras drogas aumentan ese riego y que una de las acciones urgentes es intervenir para evitar una muerte inminente? ¿O es que la violencia contra las mujeres se ha “normalizado” hasta este punto?
Por otra parte, existe la intención de desviar la atención de la ciudadanía y cambiar el curso de las investigaciones, culpabilizando y revictimizando a la víctima, a través de mensajes en las redes, insinuando que “María Belén Bernal era una persona posesiva”, que “publicaba muchos mensajes inapropiados”, que “no debió ir a la Escuela de Policía”. Y desde luego mensajes de apoyo a la Policía como si fuese la víctima “de las fuerzas oscuras que quieren dañar a la institución”. Si esto sucede con un crimen que ya es de conocimiento público ¿qué podemos esperar de las investigaciones por femicidios que en el país son denunciados cada 28 horas, sin contar con los que no se registran como tales?
El feminicidio de la abogada María Belén Bernal puso en evidencia lo que se conocía de antemano; victimización del culpable, intento de persuasión a jueces y fiscales para obstaculizar los procesos, desviación del curso de las investigaciones, falta de agilidad en los trámites, revictimización de la mujer, ausencia de acompañamiento y medidas de protección a las víctimas; esperamos que no haya suspensión de los procesos y, finalmente impunidad del agresor.
La situación de violencia contra las mujeres en nuestro país es grave, debido a los múltiples factores que tienen que ver con el modelo inequitativo de sociedad, determinado por la imposición del neoliberalismo, incrustado en todo el sistema formal e informal de educación, mediante el cual se reproducen los patrones patriarcales, machistas, sexistas, gerontocráticos excluyentes. Es urgente, por tanto, cuestionar las relaciones de poder desiguales establecidas entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres que afectan a todos los ámbitos del convivir humano, para dar el salto a la construcción de una sociedad con justicia social e igualdad.
Pensar que las medidas tomadas por el presidente Lasso como derrumbar edificios o poner a German Cáceres en la lista de los delincuentes más buscados van a resolver este y otros feminicidios, transfeminicidios y demás delitos contra las mujeres es una falacia, Si realmente existe la intención de dar una respuesta efectiva a la cuestión, hay que fortalecer los sistemas de prevención, atención y sanción frente a todas las formas de violencia. Es urgente dar un giro de 180 grados al modelo institucional de los sistemas policiales y judiciales; un giro, que incluya la preparación de personal técnico con formación en género capaz de acompañar y aplicar medidas de protección a la víctima y sus familias, y ejecutar protocolos efectivos en caso de violencia al interior de las instituciones.
Los sucesos relacionados con el feminicidio de María Belén Bernal han despertado en la comunidad la necesidad de un gran debate nacional sobre la seguridad ciudadana y la idoneidad de quienes deben garantizarla. La pregunta es ¿qué está haciendo el Estado frente a un fenómeno que cobra vidas de mujeres y deja en la orfandad a niños/as y adolescentes, con implicaciones en su salud mental y física, en lo económico y social? Estas secuelas que están presentes en todas las formas de violencia, ha merecido la declaratoria del problema como un problema de salud pública y la intervención integral a través de la aplicación de políticas públicas por parte del Estado.
Señor presidente, el país está vigilante de la actuación del gobierno frente a este y otros feminicidios. Es su responsabilidad que las investigaciones sean transparentes y ágiles para el esclarecimiento del caso que lleven a la sanción de los implicados, particularmente del presunto asesino German Cáceres. Exigimos también una inmediata reestructuración de las instituciones policiales y judiciales. O actúa con firmeza y transparencia en favor de la seguridad y la justicia o continúa siendo parte de esta trama de corrupción e inseguridad que las/os ecuatorianos rechazamos.
La frase destacada:
“Las circunstancias que rodearon el feminicidio de la abogada Belén Bernal, perpetrado en las instalaciones de la Escuela de Policía Alberto Enríquez Gallo presuntamente por el prófugo German Cáceres, instructor y responsable de la formación del personal y de la seguridad ciudadana ponen en evidencia que el hecho no es aislado, que no es un asunto atribuible exclusivamente al instructor de la institución. Por el contrario, es un problema estructural originado en un sistema patriarcal machista, producto del modelo jerárquico del sistema policial, que perpetúa privilegios, abusos, miedo, reiterada violación de la normativa y procedimientos internos en los diferentes niveles de mando”
